Publicado el 10/06/2025 por Administrador
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Greta Thunberg, reconocida activista climática sueca, fue deportada por las autoridades israelíes tras ser detenida en altamar mientras intentaba llegar a Gaza a bordo de un barco humanitario. El incidente ha desatado una ola de reacciones internacionales y encendido nuevamente el debate sobre el bloqueo que pesa sobre el enclave palestino.
Thunberg viajaba junto a otros once activistas a bordo del yate “Madleen”, que enarbolaba bandera británica y tenía como misión entregar ayuda simbólica —incluyendo arroz y leche para bebés— a la población gazatí, sumida en una grave crisis humanitaria. La embarcación fue interceptada por la marina israelí en aguas internacionales y escoltada hacia el puerto de Ashdod.
El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó que cuatro de los detenidos, entre ellos Thunberg, aceptaron voluntariamente ser deportados. Los ocho restantes, entre quienes se encuentra una diputada del Parlamento Europeo, rechazaron la deportación inmediata y permanecen bajo custodia hasta una eventual audiencia judicial.
Tras ser expulsada del país, Thunberg fue llevada primero a Francia y luego a su natal Suecia. Desde París, ofreció una rueda de prensa en la que calificó su detención como un “acto ilegal” y un “secuestro en aguas internacionales”, acusando a Israel de violar normas fundamentales del derecho marítimo.
La activista argumentó que su participación en la flotilla no era un gesto simbólico, sino una denuncia directa al “genocidio en curso” en Gaza. Según Thunberg, toda la población gazatí está sufriendo las consecuencias del prolongado bloqueo terrestre y naval que Israel mantiene sobre la franja desde 2007, intensificado tras los acontecimientos de octubre de 2023.
El gobierno israelí restó importancia al operativo, describiéndolo como un intento de “publicidad” por parte de los activistas. Portavoces oficiales tacharon la misión como un “autobús de selfies” y señalaron que cualquier ayuda destinada a Gaza debe enviarse por los canales establecidos y bajo supervisión de seguridad.
En respuesta, Adalah —una organización legal que defiende los derechos de la minoría árabe en Israel— acusó al Estado de haber actuado fuera del marco legal internacional. La ONG sostiene que interceptar embarcaciones en aguas internacionales sin justificación legítima podría constituir una violación del derecho humanitario.
El incidente ha provocado manifestaciones en varias capitales europeas, como Madrid, Atenas y París, donde ciudadanos y organizaciones propalestinas protestaron frente a embajadas israelíes exigiendo el fin del bloqueo a Gaza y la liberación inmediata de los detenidos.
La ONU también expresó preocupación por el caso, subrayando que las acciones en altamar deben regirse por la legislación internacional. Altos comisionados han instado a Israel a actuar con proporcionalidad y permitir el flujo de ayuda humanitaria sin obstáculos arbitrarios.
Thunberg, por su parte, dijo que aceptó la deportación para poder continuar denunciando públicamente la situación en Gaza, ya que consideró que permanecer encarcelada solo silenciaría su voz. No obstante, denunció haber recibido un trato “deshumanizante” durante su detención.
La situación en Gaza continúa deteriorándose. Organismos internacionales alertan de que el enclave vive al borde de la hambruna, con una infraestructura sanitaria colapsada y una población atrapada sin posibilidad de huir del conflicto. En este contexto, el intento de la flotilla de romper el bloqueo adquiere una carga simbólica y política de gran calado.
La acción protagonizada por Thunberg reaviva la presión internacional sobre Israel y pone nuevamente en la mira el futuro del cerco a Gaza, que para muchos constituye una forma de castigo colectivo incompatible con el derecho internacional.
